El 13 de marzo de 1925 (Historia Contemporánea), el gobernador del estado de Tennessee, Austin Peay, firmó una ley que desencadenaría uno de los debates más intensos y emblemáticos entre ciencia y religión en la historia de Estados Unidos: la Ley Butler. Esta legislación prohibía explícitamente la enseñanza de cualquier teoría que negara la narrativa bíblica de la creación del hombre, tal como se describe en el libro de Génesis, y en particular, prohibía enseñar que el ser humano descendía de formas de vida inferiores, como proponía la teoría de la evolución de Charles Darwin.
La Ley Butler fue impulsada por sectores conservadores que veían en el avance del pensamiento científico una amenaza directa a la fe y a la cosmovisión bíblica. En su esencia, la ley afirmaba que en las escuelas públicas de Tennessee solo se podía enseñar la doctrina de la creación divina, tal como la presentaba el relato de Génesis, y no podía sugerirse que el hombre hubiera evolucionado de otras especies.
Quienes violaran esta norma enfrentarían multas y consecuencias legales.
Aunque la ley fue aprobada con cierto respaldo popular entre los sectores cristianos, también generó fuertes críticas desde otros ámbitos de la sociedad, incluyendo científicos, educadores, periodistas y defensores de la libertad académica.
Para muchos, la ley representaba una intromisión injustificada del gobierno en el ámbito educativo, además de una restricción a la libertad de pensamiento y de cátedra.
Solo unos meses después de su aprobación, la Ley Butler se convirtió en el centro de un enfrentamiento nacional cuando John T. Scopes, un joven maestro de biología en la escuela secundaria de Dayton, Tennessee, fue acusado de enseñar la teoría de la evolución en violación directa de la nueva ley.
El caso fue planeado como un desafío intencional a la legislación: la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) ofreció defender a cualquier maestro dispuesto a servir de “caso de prueba”, y Scopes aceptó, convirtiéndose en el acusado en lo que sería conocido como el “Juicio del Mono” (Scopes Monkey Trial).
El juicio comenzó en julio de 1925 y rápidamente captó la atención nacional e internacional. Las figuras legales que participaron fueron de alto perfil: William Jennings Bryan, un político y orador cristiano ferviente defensor del creacionismo, actuó como fiscal, mientras que Clarence Darrow, un famoso abogado agnóstico y defensor de causas liberales, representó a Scopes.
Durante el juicio, más que debatirse la culpabilidad técnica de Scopes, se enfrentaron públicamente dos visiones del mundo: por un lado, una visión tradicional y literal de la Biblia; por otro, una perspectiva científica moderna basada en la observación, la teoría de la evolución y la libertad académica.
Aunque Scopes fue finalmente declarado culpable y multado con 100 dólares, el juicio expuso las tensiones profundas de la sociedad estadounidense en torno a la religión, la ciencia, la educación y la política pública.
A pesar de la condena, el juicio debilitó el prestigio del fundamentalismo religioso a nivel nacional y consolidó el movimiento a favor de una educación científica libre de restricciones dogmáticas.
La Ley Butler permaneció en vigor por más de 40 años, pero el juicio marcó el principio de su fin.
En definitiva, el 13 de marzo de 1925 no fue solo la fecha en que se firmó una ley estatal, sino el inicio de un capítulo trascendental en la historia cultural de Estados Unidos.
La tensión entre fe y ciencia, entre libertad académica y legislación moral, quedó al descubierto en un evento que se convirtió en símbolo del choque de dos visiones del mundo.
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